(EP) - Dos años después de su deposición y entrada en prisión, Hosni Mubarak, que controló durante tres décadas los designios de Egipto con mano de hierro, ha salido en libertad condicional, sus juicios por corrupción, abuso de poder y la muerte de manifestantes prodemocráticos en 2011 aún pendientes. Por orden del ejército y el gobierno interino al que este tutela tras el golpe de estado del pasado 3 de julio, Mubarak queda en arresto domiciliario hasta que se deciden el resto de causas legales. El 25 de agosto debe regresar ante el juez para la primera vista de la repetición del juicio en el que el año pasado se le declaró culpable por no evitar la matanza de más de 800 personas en las protestas de 2011 que acabaron con su régimen.
Pasadas las 16.00, un helicóptero trasladó a Mubarak, de 85 años, de la prisión de Tora, en cuya planta médica ha estado encerrado, a un hospital militar en el que cumplirá el arresto domiciliario. En Tora se encuentra además el líder supremo de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, y varios lugartenientes suyos, que también el 25 de agosto deberán comparecer ante la justicia, acusados por la fiscalía de incitar a la violencia en las jornadas previas y posteriores al golpe de Estado del mes pasado. Entonces, tras varias manifestaciones multitudinarias, el ejército depuso al presidente islamista Mohamed Morsi, del brazo político de los Hermanos Musulmanes, quien ganó las primeras elecciones democráticas del país y permanece detenido por el ejército.
Tras 18 días de revueltas populares, Mubarak dimitió el 11 de febrero de 2011. En abril fue detenido uy encarcelado, acusado de varios cargos de abuso del poder presidencial. El único juicio que culminó, el año pasado, fue el de la matanza de 850 manifestantes en aquellas protestas. Se le declaró culpable y el juez le condenó a la perpetua. Sus abogados apelaron, y la justicia anuló el juicio y ordenó su repetición. En las pasadas semanas, los juzgados pertinentes han fallado que Mubarak ya ha agotado el tiempo máximo de detención preventiva y que debe quedar en libertad condicional. La fiscalía decidió no apelar la última decisión al respecto, emitida el miércoles.
