(ÚN | AVN) - El Estado ecuatoriano garantiza el derecho de la comunidad GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexual) a registrar en su documento de ciudadanía una unión de hecho -a fin de convivir de forma estable en una relación de afectividad y libres de vínculo matrimonial- manifestó este sábado el presidente de ese país, Rafael Correa.
Al respecto, el mandatario recalcó que la unión de hecho de esta comunidad está contemplado como un derecho constitucional, en tanto este importante logro en materia de reivindicaciones para esta población históricamente marginada es posible tras reuniones que ha sostenido el Ejecutivo ecuatoriano y organizaciones GLBTI desde el pasado 18 de agosto.
De acuerdo con un reporte publicado por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes), el acuerdo con el Registro Civil, con fecha 22 de agosto de 2014, ordena derogar la prohibición de ingresar la unión de hecho como un estado civil.
Igualmente, establece registrar las uniones de hecho como un dato complementario del estado civil, y crear un registro especial para estas uniones, que comenzará oficialmente el próximo 15 de septiembre.
"Es su derecho registrar una unión de hecho entre heterosexuales o personas del mismo sexo este es un derecho constitucional y de ser negado, las autoridades tomaremos cartas en el asunto", aseguró el presidente Correa.
Asimismo, Correa aseguró que durante la reunión con grupos GLBTI se comprometió a analizar una posible inclusión de identidad de género en el documento de identidad para evitar humillaciones a las personas trans, quienes ameritan que su autopercepción sea reconocida en la cédula.
Hacia la plena ciudadanía en el mundo
Argentina, Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia,Dinamarca, Francia, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Luxemburgo, ya legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. A ellos se suman, Estados Unidos y México, donde estas uniones son legales en partes del territorio.
En Venezuela el pasado 31 de enero, más de 40 colectivos de la comunidad sexo-género diversa, con el aval de 21.000 firmas recogidas en todo el país, consignaron el proyecto de Ley para el matrimonio civil igualitario, que no solo se fundamenta en objetivos específicos plasmados en el Plan de la Patria 2013-2019, sino que es la única forma con la que el Estado venezolano podría garantizar protección jurídica y económica a las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Su aprobación garantizaría protecciones básicas que obtienen parejas heterosexuales relacionadas a custodia infantil, derechos de herencia y propiedad y visitas hospitalarias, entre otras.
