(AP) - La presidenta argentina Cristina Fernández no ahorró adjetivos para condenar a los "fondos buitre", el enemigo número uno de su gobierno, y los acusó de ejercer "terrorismo económico y financiero" durante su presentación del miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Fernández dedicó la primera mitad de su discurso a los fondos de cobertura que motivaron un default técnico de su país y agradeció a la Asamblea General por la sanción de resolución 68/304 del 9 de septiembre, de abocarse a la creación de una convención multilateral que genere un marco jurídico obligatorio en materia de restructuración de deuda soberana de todos los países.
"Cuando se debe el 161% del PBI, la culpa no es sólo de los deudores", sostuvo la presidenta argentina. "Asumimos la responsabilidad, pero pedíamos que el Fondo Monetario Internacional y los acreedores que habían prestado a tasas usureras también asumieran parte de la responsabilidad de ese endeudamiento", acotó Fernández al justificar la necesidad de legislar la reestructuración de deudas.
La Asamblea aprobó la iniciativa sobre la reestructuración de la deuda con 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones. Estados Unidos fue uno de los países que votó en contra, diciendo que el nuevo marco "generaría incertidumbre en el mercado".
Aunque la resolución no es de carácter obligatorio, la votación fue una victoria moral para Argentina, que lleva más de una década de batalla judicial contra varios fondos de cobertura estadounidenses que le exigen el pago de títulos en mora.
Fernández dijo que su país "tiene capacidad de pago, voluntad de pago y que va a pagar su deuda pese al acoso de fondos buitres" y destacó que el problema es con un 1% de sus acreedores que no aceptaron la reestructuración del pago de la deuda acordada con el 92,4% de los acreedores.
Ese 1%, según Fernández, pretende ganancias "a una tasa del 1,608% y están obstruyendo el cobro de quienes confiaron en Argentina.
Argentina quiere un marco regulatorio que fije normas que exijan que si la mayoría de los acreedores acepta las condiciones de una reestructuración de deuda esta debe ser aceptada por la totalidad de los tenedores de bonos.
La iniciativa fue impulsada a partir del conflicto legal que se originó a causa de un fallo del juez federal Thomas Griesa, quien ordenó que Argentina debe pagar unos 1.500 millones de dólares a inversionistas que compraron deuda en mora a precio de ganga y luego no aceptaron las condiciones establecidas en dos reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010.
El magistrado también prohibió al Bank of New York Mellon pagar unos 540 millones de dólares que el gobierno argentino había depositado para pagar al resto de los acreedores, bajo al argumento de que primero debe acatar su fallo.
Debido al conflicto, las agencias calificadoras declararon a Argentina en default técnico a fines de julio.
Pocas horas después del discurso en la ONU, el juez Griesa convocó a Argentina y a los demandantes a una audiencia, en la que el magistrado podría declarar al país en desacato si no cumple su fallo.
Fernández ironizó: "No creo que el juez tenga tanta rapidez por múltiples motivos", en referencia a su avanzada edad, cuando se le consultó en rueda de prensa si creía que la convocatoria obedecía a sus dichos ante la ONU.
Para la mandataria, "es disparatado que una nación soberana pueda ser declarada en desacato por un juez municipal" y advirtió que si ocurriera "se podría volver un boomerang" para Estados Unidos.
"Un juez de cualquier parte del mundo lo puede declarar en desacato por violaciones a los derechos humanos", aseveró.
La presidenta también confirmó que su gobierno pagará unos 200 millones de dólares correspondiente a un vencimiento de deuda la próxima semana. Aclaró que el dinero se depositará en el Banco Nación de Argentina y no en Estados Unidos, tal como lo dispone una ley aprobada la semana pasada.
