(PANORAMA) - La fiscalía general de México llegó a la conclusión de que 43 estudiantes desaparecidos en septiembre fueron masacrados por un grupo de narcotraficantes que los confundió con una banda rival, comenzando a cerrar las investigaciones de una tragedia que conmovió a los mexicanos y sacudió al Gobierno.
Felipe "el Cepillo" Rodríguez, miembro del grupo narco Guerreros Unidos detenido días atrás, organizó la ejecución de los jóvenes por instrucciones de un líder de la organización, dijo el martes la fiscalía tras la confesión del criminal.
"Evidencias permiten determinar que los normalistas (estudiantes de magisterio) fueron privados de la libertad, de la vida, incinerados y arrojados al río, en ese orden", dijo el fiscal general, Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa. "Esta es la verdad histórica de los hechos que debe tener validez jurídica", agregó.
Sus conclusiones se basan en las declaraciones de 99 detenidos y en el hallazgo de restos humanos y materiales en un basurero de Cocula, un pueblo del sureño estado de Guerrero. Los estudiantes, en su mayoría hijos de campesinos pobres, pertenecían a una escuela rural de magisterio.
Habían salido la tarde del 26 de septiembre hacia Iguala a recolectar fondos para participar en una protesta en la Ciudad de México, distante más de 300 kilómetros de la escuela. Las investigaciones indican que fueron detenidos por policías en la vecina ciudad de Iguala después de enfrentarse con los agentes, y luego fueron llevados hasta el basurero en camionetas.
Convencidos de que entre los estudiantes había infiltrados de la organización criminal rival Los Rojos, dos cabecillas de Guerreros Unidos ordenaron a Rodríguez matarlos a todos y no dejar rastros, según la investigación. Algunos llegaron muertos al basurero y otros recibieron un disparo en la cabeza en el lugar. Luego, sicarios a las órdenes de "El Cepillo" organizaron una gran hoguera con neumáticos y leña para desaparecer todo rastro, según su confesión.
El director de la agencia de investigación criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, explicó que la masacre tuvo que ver con la defensa del territorio por parte de Guerreros Unidos.
El estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, sufre constantes pugnas entre grupos de la delincuencia organizada que se dividieron el territorio tras la caída de los líderes del cártel de los Beltrán Leyva, que llegó a ser uno de los más fuertes del país en la década pasada.
El famoso centro turístico de Acapulco, en la costa de Guerrero, es considerado actualmente como una de las ciudades más violentas del mundo.
Comienza el proceso
Los padres de los estudiantes han rechazado las investigaciones, alegando que no hay suficientes pruebas para determinar que sus hijos han muerto. "No vamos a permitir que concluyan o que cierren las investigaciones", dijo Felipe de la Cruz, portavoz de los familiares, en una conferencia de prensa.
El crimen de los estudiantes marcó el peor momento en los dos años que lleva de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto y dejó en evidencia el grado de corrupción que existe entre las autoridades locales y la delincuencia organizada.
El mandatario dijo el martes que el país debe superar el caso de los estudiantes y mirar hacia adelante. "Este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados", señaló. Murillo dijo que el caso no está cerrado totalmente porque falta aún detener a los autores intelectuales de la masacre, pero que las investigaciones son firmes como para presentar cargos contra los detenidos y continuar con el proceso.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien según la fiscalía dio la orden de detener a los estudiantes y cuyos policías los entregaron a los sicarios, será acusado de desaparición forzada. Abarca y su esposa, María de los Angeles Pineda, formaban parte de la organización criminal. Rodríguez y varios de los sicarios bajo su comando serán acusados por el homicidio de los estudiantes.
La fiscalía pedirá para él una condena de 140 años de prisión. Los familiares de los estudiantes han liderado protestas masivas y acusado al Gobierno por no haber hallado a los jóvenes. Incluso algunos de ellos creen que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.
Murillo dijo que no hay ninguna evidencia de la participación de soldados en la masacre. Familiares también han dicho que solo reconocerán la muerte de los jóvenes si les entregan los cuerpos, algo que según la fiscalía no es posible dado el grado de calcinación.
Parte de los restos fueron triturados y arrojados al río. Algunos pocos fueron enviados en diciembre a la Universidad de Innsbruck, en Austria, pero sólo se logró identificar al estudiante Alexander Mora. Actualmente siguen trabajando con técnicas más sofisticadas.
