Aseguraron que luego que se detectaron abusos de agentes, autoridades federales ordenaron la colocación de cámaras de video en patrullas de Los Ángeles.
“De 300 patrullas, en unas cien los mismos agentes destruyeron cámaras, rompieron antenas o causaron averías para no tener imágenes de su actuación”, aseguraron.
Este día integrantes de Stop LAPD Spying Coalition y Los Angeles Community Action Network exigieron que ese reporte entregado en el 2013 se haga llegar al Departamento estadunidense de Estado.
“El jefe de LAPD, Charlie Beck, tuvo conocimiento de aquel reporte sobre las anomalías cometidas por agentes a sus cámaras y no actuó en consecuencia”, dijeron.
“Por esa razón pedimos que se investigue el informe que se tienen sobre la actuación de la policía del 2001 al 2013 y se entregue a las autoridades federales”, indicaron.
Gilbert Saucedo, abogado de la Coalición dijo a Notimex que las recientes denuncias por la brutalidad policiaca requieren de un cambio drástico. “Necesitamos de un grupo que investigue a los policías pero que no sea la misma policía para que no sea juez y parte”.
Añadió que “se requiere de una profunda investigación porque se habla de más de 600 muertes a manos de la policía desde el año 2000.
“Pero no se tienen reportes de maltrato, heridos o lastimados entre víctimas de la policía, que serían cientos o miles y que por temor muchos se han quedado callados”.
“Llama la atención que en la generalidad de incidentes los policías presentan informes de que ellos fueron víctimas”, aseveró.
Cuando se conoció sobre la destrucción de videos en patrullas, el jefe de la policía, Charlie Beck, prometió que investigaría pero no ha actuado hasta el momento, indicó Saucedo.
“Con esa actitud los policías están desafiando al Departamento de Justicia porque incumplieron con la orden del empleo de las cámaras de video. Lo que necesitamos es una policía que proteja a la comunidad y no a ellos mismos, solo por tener una placa”, subrayó.
Lo que ha hecho LAPD, es sabotear una orden del departamento de Justicia, cuando evaluó abusos del 2001 al 2013.
En aquella ocasión, dijo, el fiscal general reconoció que había pruebas irrefutables de un patrón o práctica de violaciones de derechos cometidas por la policía de Los Ángeles.