(NOTIHOY) - Un tribunal egipcio condenó a tres años de cárcel a tres periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, haciendo oídos sordos a la campaña internacional que pedía su absolución.
“El presidente Sisi tiene ahora la oportunidad de deshacer esa injusticia, de corregir esa injusticia”
Aparte de los periodistas, tres coacusados egipcios fueron condenados a tres años de cárcel, juzgados por pertenencia a los Hermanos Musulmanes y por haber intentado “dañar la imagen de Egipto”.
El australiano Peter Greste, el canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baher Mohamed fueron declarados culpables de haber “difundido informaciones falsas” y de haber trabajado en El Cairo sin las autorizaciones necesarias. En su veredicto, el juez Hasan Farid afirmó incluso que “no eran periodistas”, ya que no se habían registrado como tales ante las autoridades pertinentes.
La justicia egipcia considera que han apoyado con su cobertura a los Hermanos Musulmanes, la formación del presidente islamista Mohamed Mursi derrocado por el ejército en 2013.Los reporteros pueden interponer un recurso ante el Tribunal de Casación, que podrá confirmar la sentencia o anularla. En caso de anulación, deberá examinar de nuevo el caso.
Greste, quien era juzgado en rebeldía después de haber sido expulsado a Australia en febrero en virtud de un decreto presidencial, instó este domingo al presidente egipcio a perdonar a los tres periodistas. “En ausencia de cualquier evidencia de actos reprensibles, la única conclusión a la que podemos llegar es que este veredicto fue motivado políticamente”, dijo desde Australia Greste, para quien “el presidente Sisi tiene ahora la oportunidad de deshacer esa injusticia, de corregir esa injusticia”. “Los ojos del mundo están en Egipto”, añadió.
Fahmy y Mohamed estaban presentes en el tribunal y fueron detenidos después del veredicto. La esposa de Fahmy lloraba, sentada al lado de Amal Clooney, abogada de su marido. Amal, esposa del actor estadounidense George Clooney, declaró a la prensa que prevé reunirse con responsables gubernamentales para pedir un indulto presidencial o la expulsión del país de su cliente.
