(N24) - Hace seis años que la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) salió del aire, luego de que el Gobierno del presidente Hugo Chávez no le renovara su concesión al catalogarlo como un medio “golpista”. Hoy, su director Marcel Granier, mantiene el reclamo internacional y aseguró que volverá a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
“Hay un señor por ahí de esos representantes de la oligarquía, que quería ser Presidente. Luego, gobiernos adecos y copeyanos le dieron la concesión de un canal de televisión y ahora anda diciendo que esa concesión es eterna, pues no, se le acaba en marzo, no habrá más concesión para ese canal golpista Radio Caracas Televisión. Ya está redactada la medida (…) vayan apagando los equipos”, dijo Hugo Chávez el 28 de diciembre de 2006 al adelantar que sería creada una nueva señal, Televisora Venezolana Social (Tves), que pasaría a ocupar la frecuencia del canal del león.
El anuncio causó revuelo en el país, sobre todo en los más de 10 millones de televidentes. Movilizaciones multitudinarias y reacciones en contra y a favor de la decisión de Chávez tuvieron lugar en Caracas y otros estados.
“Tuvo un impacto muy grande, porque era un medio audiovisual de mucha audiencia al que se le castigó por su línea editorial. Eso generó muchísima más presión sobre otros medios porque era como una punta de lanza, era el medio más grande”, expresó a EFE el director de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa.
Para la oposición venezolana, el fin de la licencia de RCTV fue considerada un “cierre” por parte del Ejecutivo, “para acallar las críticas en su contra”, mientras que el gobierno de Hugo Chávez argumentó que “en el país no se va a aceptar ningún medio de comunicación al servicio del golpismo”, esto tras acusar al canal de haber participado en el fallido golpe de Estado ocurrido en abril de 2002.
Lo dijo y lo cumplió
El 27 de mayo del año siguiente se hizo efectivo el anuncio. Luego de 54 años al aire de forma abierta e ininterrumpida, a través del canal VHF 2, el primer canal comercial de Venezuela finalizó su transmisión a las 23:59 de ese domingo, con un vídeo en el cual empleados, actores, animadores periodistas y otras figuras de la planta televisiva entonaban el Gloria al Bravo Pueblo, himno oficial de la República.
Las pantallas de los venezolanos que sintonizaban la frecuencia de RCTV quedaron en negro aproximadamente por ocho segundos, tiempo en que tardó en iniciar transmisión Tves. Pero no fue sino hasta las 00:20 del lunes 28 cuando la nueva televisora social del Gobierno mostró programación, con su propia versión del Himno Nacional, interpretado la Orquesta Sinfónica Juvenil dirigida por el maestro Gustavo Dudamel.
Contaba al momento del cese de transmisiones con unos 8 mil empleados y gozaba del 30% de la audiencia venezolana. Tras el fin de su transmisión, miles de personas permanecieron en las calles durante el 28 y martes 29 en protesta. Las manifestaciones dejaron como saldo once policías heridos, tres estudiantes y un funcionario del orden. Otras cuatro personas fueron heridas con arma de fuego en Valencia.
En el panorama internacional también se generaron reacciones a favor y en contra. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Sociedad Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas, entre otros, criticaron al gobierno de Chávez por la decisión que catalogaron como “un grave atentado a la libertad de expresión”.
También el pleno del senado estadounidense “aprobó una moción condenando la negativa a renovar la licencia de RCTV”, al igual que el departamento de Estado norteamericano, el senado de Chile y la Unión Europea.
Medios de comunicación argentinos, como La Nación; brasileños como O Globo y de São Paulo también condenaron la medida, publicando duros editoriales. Para algunos, la acción “puso en evidencia el sesgo autoritario del gobierno de Chávez, empeñado en acallar toda crítica a su gestión y aumentar el control sobre los medios de comunicación”.
Por su parte, el presidente Rafael Correa manifestó su respeto a la decisión que calificó de “soberana”, y el diario Granma del Partido Comunista de Cuba, se mostró también a favor del Ejecutivo venezolano.
RCTV sale por segunda vez del aire, desde las cableras
Diez días después se informó al canal que debía registrarse como productor nacional audiovisual antes del 1 agosto de 2007, por orden de Conatel, lo que obligaba a RCTV acatar la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, y con ello transmitir mensajes nacionales del Ejecutivo o cadenas, y modificar buena parte de su programación.
Antes de cumplirse el lapso estimado, la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetsu) introdujo una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un recurso de amparo constitucional, mientras se aclaraba la condición de “productor nacional audiovisual”.
El 31 de julio, el TSJ determinó que no existía “un marco regulatorio que definiera quiénes son servidores o productores nacionales audiovisuales, y por ello suspendió la medida de Conatel.
El 23 de enero del de ese año Conatel anunció nueva medida que obligó a las operadoras de televisión por suscripción de todo el país a retirar de su parrilla de canales RCTV Internacional
Una nueva investigación llegó en 2009, Conatel llevó adelante una averiguación de cuatro meses para determinar si el contenido del canal de Barcenas era considerado de producción nacional audiovisual. El 20 de enero de 2010, RCTV y Sport Plus fueron considerados como Servicio de Producción Audiovisual Nacional por Conatel.
Sin embargo, el 23 de enero de ese año Conatel anunció nueva medida que obligó a las operadoras de televisión por suscripción de todo el país a retirar de su parrilla de canales RCTV Internacional, a menos que se registraran como productor nacional.
Dos años más tarde, a principios de noviembre de 2012 se anunció el cierre de la Unidad Informativa del noticiero “El Observador”. Fuentes cercanas dijeron que la medida obedeció a la falta de recursos para pagar los sueldos del personal. En la redacción de noticias sólo quedaban 22 trabajadores.
La lucha se mantiene
“La comisión después de estudiar el caso resolvió que los tribunales de venezuela no trabajaban de acuerdo a lo que dice la constitución (…) En vista de esas violaciones la comisión le envía a el Estado venezolano un informe y le solicita que cumpla con unas condiciones”, dijo.
Antes de producirse el fallo de la CIDH, el canciller Elías Jaua Milano adelantó que de dictarse sentencia, el gobierno del nuevo presidente Nicolás Maduro no acataría la decisión. “Ya esa sentencia debe estar escrita y comprada” -aseveró- “pero no la vamos a acatar por inmoral, por tarifada, por inconstitucional y por violatoria de la soberanía”, expresó.
Añadió: “Si la Corte decide que estamos obligados a restituirle la frecuencia a un grupo económico en Venezuela, entonces tendrán que invadirnos para obligarnos a acatar una decisión contra la Constitución, contra la soberanía nacional y contra la paz y estabilidad en Venezuela”, señaló Jaua y dijo que el fallo “estaría provocando un grave precedente”.
Ante la negativa del Gobierno, el director de la estación de Barcenas dijo que el canal procederá a reclamar ante el mismo organismo internacional. En su informe, explicó Marcel Granier “la Comisión concluyó que esta decisión fue violatoria del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la igualdad y no discriminación, y del debido proceso administrativo”.
