(EL TIEMPO) - Guatemala es hoy un hervidero. Sus principales ciudades están siendo tomadas por manifestantes que repudian la corrupción que se viene destapando desde hace algunas semanas y que ya ha dejado tras las rejas a 45 poderosos empresarios, jueces, militares (r) y funcionarios de alto nivel, incluidos el presidente del Banco Guatemalteco y el del Seguro Social.
También precipitó una renuncia que aún retumba en el país: la de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, exdiputada, periodista y mano derecha del presidente Otto Pérez Molina, a quien también el pueblo le está pidiendo que dimita.
Hace unos días, la Corte Suprema dio vía libre al enjuiciamiento de Baldetti, señalada de alertar a su secretario privado, Juan Carlos Monzón, de que las autoridades iban tras él por su participación en un millonario fraude fiscal conocido como ‘La Línea’.
Guatemala supo lo que estaba sucediendo en las entrañas de su dirigencia gracias a un colombiano: el ex- magistrado de la Corte Suprema Iván Velásquez, quien preside ahora la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dependiente de Naciones Unidas.
Se trata del mismo hombre que edificó cerca de 60 investigaciones contra ‘parapolíticos’ en Colombia y que salió del país tras ser blanco de seguimientos ilegales ordenados durante el gobierno Uribe.
‘La Línea’
Ahora las investigaciones impulsadas por Velásquez tienen inmerso al presidente Pérez en su peor crisis de gobernabilidad.
Desde mayo del 2014, siete meses después de llegar a Guatemala, Velásquez empezó a coordinar con la Fiscalía y con el Ministerio Público la interceptación de decenas de líneas telefónicas y de cuentas de correos electrónicos de particulares, funcionarios y del Poder Ejecutivo de Guatemala, involucrados en un millonario fraude que dejaba réditos cercanos al millón de dólares al mes.
Tras analizar cerca de 66.000 llamadas a fijos y celulares y 6.000 comunicaciones electrónicas, se descubrió que decenas de importadores se comunicaban a diario con un número telefónico, conocido como ‘La Línea’, para arreglar el ingreso de contenedores con mercancía de contrabando, evadiendo impuestos.
La evidencia señala que uno de los cabecillas de la red era Monzón, oficial retirado del Ejército, quien se encontraba en Seúl (Corea), con la Vicepresidenta, cuando se destapó el escándalo. Y aunque ella admite que durante el viaje le pidió la renuncia, niega haberlo alertado sobre su captura para que huyera.
Además, versiones señalan que ‘la R’ a la que se refieren los miembros de la red en algunos audios interceptados sería la exvicepresidenta, quien puede perder su fuero y ser procesada por el Ministerio Público, a petición de Velásquez.
Hasta ahora van más de 20 capturados por este caso, entre ellos Salvador Estuardo González, ligado a un consorcio de medios de comunicación en Guatemala.
Y aunque Monzón sigue prófugo, la demora en su captura parece haberle costado la cabeza al ministro de Gobierno, Mauricio López Bonilla, quien dimitió el jueves. A López, también oficial (r.), le dieron la ubicación de Monzón, en un hotel de Antigua (centro de Guatemala), pero dijo que cuando llegó solo halló dos tarjetas de crédito y una tula del prófugo.
También renunció la ministra de Ambiente, Michel Martínez, y el de Energía, Erick Archila.
Al parecer, los tres dimitentes terminarían salpicados por irregularidades en contratos de compra de cámaras de vigilancia y en la expedición de una licencia ambiental.
Faltan más ‘ollas’
Pero si bien ‘La Línea’ es el caso que más ha golpeado a la élite, no es el único que ha impulsado la Cicig, en cabeza de Velásquez.
El 20 de noviembre del 2014 se capturó a un integrante de una poderosa familia, jefe de una estructura criminal responsable de múltiples homicidios y de otras acciones contra la población del departamento de Izabal, a la que mantenía subyugada.
Por ese caso fueron retenidas 14 personas.
Y el miércoles se produjo la captura del presidente del Seguro Social (IGSS), de su junta directiva en pleno –de la cual era miembro el presidente del Banco de Guatemala–, y de dos ejecutivos de la firma Droguería Pisa de Guatemala, por cohecho y fraude en la celebración de un contrato para servicios renales.
Además, EL TIEMPO estableció que aún hay otras investigaciones en curso sobre lavado de activos y narcotráfico, corrupción administrativa y judicial, financiación ilícita de campañas políticas y ‘narcopolítica’.
En un mapa corrupto similar al de Colombia, Velásquez también indaga el robo de tierras de indígenas y campesinos por parte de mafias.
Esta cruzada está financiada, entre otros, por Estados Unidos, la Unión Europea, Suecia, Canadá y Noruega, que sostienen económicamente a la comisión, incluido al séquito de guardaespaldas de confianza que tiene Velásquez.
Aunque él no lo admite, ha sido blanco de amenazas y de persecución, pero también de reconocimiento de cientos de ciudadanos que piden la renuncia del gobierno en pleno del presidente Pérez y la permanencia del colombiano que tiene en jaque al poder en Guatemala.
De hecho, en septiembre vencía el mandato de la Cicig. Pero, por petición de Guatemala, Ban Ki-moon, secretario de Naciones Unidas, acaba de extenderlo hasta el 2017 con Velásquez incluido.
Los ‘indignados’ piden renuncias
La plaza Central, en la zona histórica de la capital guatemalteca, fue el más reciente escenario de las protestas de un nutrido grupo de ciudadanos que está reclamando la renuncia del Gobierno en pleno, luego de que se destapara la seguidilla de ‘ollas’ de corrupción. Hace 8 días, cerca de 50.000 personas, convocadas a través de redes sociales, coparon el lugar y, con la consigna #RenuncienYa, pidieron poner fin a la corrupción. El movimiento de indignados, como se autodenominan, arrancó el 25 de abril y no ha cesado un solo día. El presidente Pérez ha negado tener algo que ver con la red corrupta que carcome su país, pero ya ofreció la cabeza de cuatro altos funcionarios, entre ellos su superministro Mauricio López
