(GLOBOVISIÓN) - El caso de los 43 estudiantes desaparecidos desbordó las fronteras de México con un acuerdo de asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras continúan arreciando las protestas al interior del país.
El Gobierno mexicano acordó los términos de la asistencia con la CIDH y los padres de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, estado sureño de Guerrero, a manos de policías locales y miembros del cártel Guerreros Unidos.
El documento, suscrito en la capital mexicana, establece que la CIDH supervisará la creación un grupo de expertos que dé asistencia y verificación técnica a las acciones realizadas por el Estado mexicano, que ha enfrentado el escepticismo de los familiares de los estudiantes y de la sociedad en general.
“Cualquier apoyo técnico de la Comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que la firma del convenio es uno de los compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el 29 de octubre con los padres de los estudiantes en un encuentro celebrado en la residencia oficial de Los Pinos.
La cancillería también se refirió a la reunión que el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, sostuvo ayer en Ginebra con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Durante el encuentro, Gómez Robledo actualizó al alto comisionado sobre las investigaciones y se refirió al diálogo que el Gobierno mantiene con los familiares de los estudiantes y la CIDH.
A su vez, Zeid Ra’ad Al Hussein ofreció las herramientas de su oficina para proveer más asistencia y ayudar a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, y expresó su solidaridad con las víctimas de “este caso profundamente perturbador”, según un comunicado de la ONU.
La desaparición de los jóvenes también ha generado numerosas y cada vez más violentas protestas en otras regiones del país como Michoacán, donde cientos de estudiantes bloquearon el acceso al aeropuerto de Morelia, la capital, lo que obligó a habilitar una entrada por el área de hangares.
Además, los estudiantes tomaron algunas casetas de cobro de peajes y anunciaron que mañana harán tomas a las 113 alcaldías de Michoacán.
Unos 70 jóvenes también arremetieron contra la sede del PRI en Morelia, donde destruyeron el mobiliario, computadoras y televisores.
La fiscalía anunció que enviaría a la Universidad de Innsbruck, Austria, los restos humanos calcinados encontrados en un basurero y un río del municipio de Cocula para su análisis genético, pero fuentes de la institución no pudieron confirmar a Efe si esto ya se realizó.
Miembros detenidos del cártel Guerreros Unidos dijeron que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero.
Sin embargo, la fiscalía mantiene a los estudiantes bajo el estatus de desaparecidos hasta tener los resultados de las pruebas genéticas que hará el único laboratorio que estimó posible extraer material genético de dos de los huesos hallados.
