
La audiencia de imputación se realizó en la Fiscalía 20ª, a cargo de la fiscal Katherine Harrington. El Ministerio Público alegó el delito de conspiración, establecido en el artículo 132 del Código Penal: “Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación”.
En la misma pena “incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela”.
El delito contempla la difamación al presidente, pero no la intención de asesinarlo. La Fiscalía afirma en sus comunicados que la investigación es por un supuesto plan de magnicidio, pero el abogado de la dirigente, Tomás Arias, aseguró que “no se ha hablado para nada de magnicidio” ni en la audiencia de ayer ni cuando Machado declaró como testigo.
Machado estuvo acompañada por el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba; el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma; el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y diputados como Carlos Berrizbeitia, Eduardo Gómez Sigala, Roberto Enríquez y Richard Blanco. La mayoría se fue antes de que la dirigente saliera.
Al salir, Machado no reveló detalles del proceso porque “el expediente es reservado”, pero aseguró que todas las pruebas en su contra son falsas. Dijo que la persecución en su contra evidencia que se acerca una transición pacífica y que el gobierno se siente derrotado.
“El régimen cree que con estos ataques va a asustar a los estudiantes, sindicalistas y dirigentes políticos, pero no podemos tener miedo. Yo no me entrego, enfrento la infamia y reafirmo mi carácter de ciudadana responsable que defiende sus derechos y sus deberes enfrentando la mentira con la verdad”, expresó.